La llegada a Córdoba de Uber, anunciada para la tarde de este lunes, generó masivas muestras de protesta de los conductores de taxis, que declararon un cese de actividades y protagonizaron numerosos cortes y bloqueos de tránsito.
La app informó que 28.500 conductores se anotaron para participar y que hasta hoy “más de 143 mil personas” se encontraban registradas para viajar con Uber en la ciudad.
“Estamos muy contentos de sumarnos al futuro de Córdoba y contribuir con el desarrollo de la ciudad. Queremos que todos los cordobeses y quienes visitan la ciudad puedan acceder a los beneficios que la tecnología de Uber brinda a las ciudades y su gente”, dijo Felipe Fernández Aramburu, Gerente de Desarrollo de Negocios para Argentina, Uruguay y Paraguay.
A raíz de la llegada de Uber, los taxistas de Córdoba lanzaron desde la mañana un paro por tiempo indeterminado.
Además, los taxistas bloquearon los puentes de acceso al centro como el Centenario, y las calles Humberto Primo y General Paz y Colón y General Paz, como así también las dos Terminales y el Aeropuerto.
En el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, los taxis amarillos impidieron el ingreso y el egreso de autos, por lo que los pasajeros tuvieron que desplazarse con sus valijas hasta el acceso para poder conseguir un medio de transporte.
En tanto, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Córdoba, Pablo Farías, dijo que el servicio de Uber en la ciudad “es ilegal” y por lo tanto “estamos en condiciones de secuestrar los vehículos en base a la ordenanza que regula el transporte, la 12.859”.
Sin embargo, consideró que el servicio por ahora en Córdoba “es un fantasma” y que entonces “no va a ser una tarea sencilla luchar contra el transporte ilegal”.
El funcionario dijo que “llama mucho la atención el marco regulatorio de los empleados” de la app y cuestionó que Uber desembarcó en Córdoba “de la misma forma en que lo hicieron en otras ciudades del mundo, ya que en otras ciudades utilizaron la misma vía: la imposición y luego el debate regulatorio”.
Fuente: Diario Popular