viernes, marzo 29, 2024

Supermercados amenazan con una “ola de aumentos” si se vota la Ley de Góndolas

El Presidente quiere que se apruebe en febrero pero supermercadistas advierten que traerá un efecto «búmeran» y que se pondrán en riego puestos de trabajo.

El lobby supermercadista está en acción. Sabe que el contexto no parece el más propicio para que la controvertida Ley de Góndolas, que tiene media sanción de Diputados, logre su aprobación sin modificaciones en las sesiones extraordinarias de verano. Y está dispuesto a hacer valer su principal argumentación: que si la ley llega a salir tal como fue concebida, se dispararía una nueva ola de aumentos de precios, justo cuando el Gobierno está abocado a conseguir una rápida baja de la inflación.

Precisamente, el fin de semana el presidente Alberto Fernández volvió a referirse con preocupación a los incrementos que se siguen observando en marcas que no formaron parte de las nóminas del nuevo Precios Cuidados. El mandatario se mostró molesto con la situación y habló de «actitudes irresponsables» en la cadena comercial.

Los supermercadistas saben que están bajo la lupa ante cualquier aceleración en el índice y es justamente esa situación la que quieren aprovechar para limar las aristas más agudas de la nueva ley. El planteo que hacen es que el Gobierno no puede exigir, en simultáneo, la contención de precios y además hacer las modificaciones en las góndolas que den más espacio a las pymes porque se trata de dos medidas contradictorias.

En otras palabras, que la modificación de la Ley de Góndolas de manera de transformarla en una versión «light» podría convertirse en la moneda de cambio para sostener la política de colaboración antiinflacionaria.

Además del supermercadismo, también de parte de las grandes empresas industrializadoras de alimentos hay un fuerte lobby para frenar -o al menos suavizar- los puntos que sienten que los perjudicarán directamente al causarles una disminución de ventas por menor exposición en góndolas.

De hecho, hubo reuniones de la poderosa Copal (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios) para analizar específicamente las consecuencias que tendría la ley y buscar la forma de frenar el tema en el Senado.

La postura oficial del Gobierno es la de avanzar con el tema, con el objetivo declarado de que la ley sea aprobada en estas sesiones extraordinarias. Pero fuentes cercanas al Gobierno dijeron que entre los asesores de Alberto Fernández ya se están haciendo a la idea de que habrá que negociar y hacer concesiones.

No solamente saben que los empresarios plantearán el riesgo inflacionario, sino que además existe la advertencia explícita sobre despidos en el sector. Y, como para completar el cuadro, saben que la ley podría ser objeto de judicialización a nivel local y en tribunales internacionales.

Es que los supermercadistas cuestionan la constitucionalidad de la norma, a la que consideran «arbitraria» y «abusiva».

IP.

Artículos relacionados

Más Información