La inflación y la pérdida notable del poder adquisitivo tras la megadevaluación generó serias dificultades entre los que sacaron préstamos. Los que se suscribieron a planes de autoahorro, para sacar un vehículo cero kilómetro, pasaron a tener cuotas impagables y en muchos casos ni siquiera estaban bien informados de por qué se disparó el valor de la deuda.
El diputado nacional Juan Brügge presentó un proyecto para evitar la “publicidad engañosa” y el aumento desmedido en las cuotas, tras detectar que se oculta información en muchos casos a los que se meten en los planes y que es frecuente que el valor a pagar se modifique de manera abusiva.
Brügge explicó a Perfil que en primer lugar el proyecto pretende esclarecer que “los precios de los valores referenciales son fijados por la fábrica y no hay ningún control estatal. Esos precios no acompañan la inflación, los vehículos del año pasado hasta la fecha aumentaron un 130%. Ha habido diferentes parámentros porque no hay control estricto del Estado y no está alcanzado por Defensa al Consumidor, por eso hay una posición dominante de la fábrica”.
El legislador de Córdoba Federal aseguró que la iniciativa surge de “una gran necesidad por el desequilibro económico, que generó un quiebre de los ahorristas”. Desde el segundo semestre del año 2018, cuando el dólar empezó una escalada abrupta, las cuotas de los ahorristas no dejaron de subir.
En las denuncias de defensa de consumidor se reclama la falta de transparencia en el cobro de cargos reflejados en la facturación, derechos de admisión y permanencia, cargos administrativos, entre otras cosas. También la falta de información sobre los costos por el retiro de la unidad. No hay, según se quejan los usuarios, informes detallados.
“Eso generó el efecto de que se dejó de pagar, la alta morosidad y el secuestro del vehículo. Es una crisis. Queremos proteger al más chico, al que tiene como máximo dos planes, los que tienen más es porque hacen especulaciones”, precisó Brügge.
El proyecto propone una regulación para la etapa precontractual y contractual destinada a acentuar la obligación de información relativa a un aspecto que es constante motivo de reclamo por parte de los adherentes y consumidores: la forma de determinación del denominado “valor móvil” y su incidencia en el monto final de las cuotas futuras a pagar por el adherente, tomándose como pauta equitativa, en razón de la inflación producida en el año 2018, que finalizó con una inflación anual del 47,6%, según informe del INDEC.