Sería más descriptivo y empático si cada nota sobre la economía actual de la Argentina empezara, en lugar de números y porcentajes, con una descripción del sentimiento y de la cara de asombro, desasosiego e impotencia de los consumidores. La escena se repite en góndolas de hipermercados, autoservicios chinos o almacenes de la periferia. Y no se advierte que cese en el corto plazo.
Si hay temas que tocan hoy en el corazón de lo cotidiano de “la gente” –ese colectivo que todo creemos conocer e integrar- es, por un lado, el tema de las clases presenciales, la esperanza por llegar a darse la vacuna y el espanto por como corroe el bolsillo la inflación. El Gobierno lo sabe. Y demuestra con quien hable que está preocupado. Puede que no alcance, más allá de la intención.
Esta semana que pasó salió el índice de precios mayoristas. Fue de 3,9%, y si se ve el interanual marca un aumento de esos precios de un 52%. Los números se alejan mucho del 29% pensado por Martín Guzmán, ministro de Economía, en su hoja de ruta –el presupuesto- para la inflación en el año. El 4,8% del Índice de precios al Consumidor (IPC) ya había descolocado los funcionarios.
El jueves salió otro índice que suma alarma. Una familia tipo –la que toma de patrón el INDEC- compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años necesitó en marzo $60.874 para no ser pobre. Y $25.685 para no ser indigente.
Durante marzo de 2021, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) con respecto a febrero de 2021 fue de 4,5%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 5,0%. Las variaciones interanuales de la CBA y la CBT resultaron del 48,0% y 45,0%, respectivamente. Hay que recordar siempre la impactante última medición del instituto de estadísticas sobre la pobreza: 42% en el segundo semestre del año pasado. La padecen más de 19 millones de personas.
Los controles del Gobierno
Mientras tanto, el Gobierno avanza en un par de frentes en su lucha para frenar los precios. Se trabaja desde la cartera de Matías Kulfas en la creación de una nueva canasta básica, que Comercio Interior –a cargo de Paula Español- comenzó a negociar con las grandes empresas de consumo masivo. Buscan mantener congelados por 180 días los productos consensuados. Siguen las tratativas.
Pero hubo más. Se mantuvo una reunión con empresarios de las principales cadenas de supermercados para hablar de la inflación y pedirles que no admitan listas nuevas de precios con aumentos que manden las empresas alimenticias, que vienen pugnando con el Gobierno frente a frente y mediante comunicados.
Un ejecutivo de una de esas empresas reconoció ante A24.com lo molesto y “poco práctico” que resulta el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), a través del cual el Gobierno se mantiene al día respecto de precios, stocks y producción de más de 1000 empresas. A pesar de las palabras conciliadoras en público, en el sector demuestran malestar por la excesiva vigilancia y el impacto de la inflación en los costos de producción.
(Fuente: A24)