La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Penal N°1 de Eldorado en Misiones. Hace 8 años, la mujer ya había sido juzgada y absuelta por la muerte de otra de sus hijas, que falleció por desnutrición. Fuerte rechazo de organizaciones feministas.
A María Ramona Ovando la juzgaron en dos oportunidades por “mala madre”. La primera vez fue en 2012 luego de que la acusaran de haber dejado morir a una de sus hijas por desnutrición. En aquel entonces, la justicia de Misiones la absolvió tras haber estado 20 meses presa. Este año, la historia se repitió: el mismo poder judicial provincial que la había sometido hace ocho años, volvió a sentarla en el banquillo de los acusados porque supuestamente volvió a incumplir con su tarea de mamá (e incluso de abuela) al “haber permitido” que abusaran sexualmente de su hija y su nieta.
Sin embargo, ahora el resultado fue diferente. Hoy por la mañana, Ovando, una mujer de 44 años y madre de doce hijos, fue condenada a 20 años cárcel por el Tribunal Oral Penal N°1 del departamento de Eldorado -el mismo que en 2012 la había absuelto- por “no haber hecho lo posible” para que no se concretaran los abusos de su hija y su nieta. En el mismo juicio, increíblemente, los supuestos violadores recibieron una pena menor. Se trata de Marcos Iván Laurindo, quien recibió 18 años de cárcel, mientras que Lucas Ferreyra fue sentenciado a 12. Los dos tienen 23 años de edad y fueron hallados culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal.
El fiscal Federico Rodríguez -que también intervino en el proceso de 2012- había solicitado una condena de 22 años para Ovando, de 16 para Laurindo y 18 para Ferreira. Pese a esto, al finalizar la lectura del fallo, el funcionario se mostró conforme con la sentencia. Además, el Tribunal Oral ordenó que María fuera detenida de manera inmediata.
El nuevo proceso contra María arrancó cuando fue separada de sus hijas a principios de 2015, después de que una maestra realizara una denuncia al considerar que los hijos de la mujer tenían cierto grado de abandono y reflejaban supuestos malos tratos en el hogar. Fue entonces que la ex suegra de Ovando, Euvarta Godoy, denunció que las nenas le habían contado los abusos que aparentemente sufrieron mientras estuvieron al cuidado de su madre, en Eldorado. La revelación de las nenas a su abuela fue después de que por disposición de la jueza de Familia, Margarita Potschka, Ovando fuera separada de la menores.
Acá se genera uno de los contrapuntos del caso. La defensa de la mujer -a cargo de los abogados Roxana Rivas, Eduardo Paredes y Jose Luis Fuentes- aseguró que los presuntos abusos habrían sucedido, “cuando las niñas ya no estaban al cuidado de María”.
Los letrados sostuvieron que se acusó a Ovando de “haber permitido o no haber impedido el abuso sexual hacia una de sus hijas cuando las mismas ya no vivían con ella por disposición también arbitraria e injustificada de la jueza Potschka, quien en una audiencia realizada el 10 de marzo de 2015, con graves irregularidades, decidió retirarle la guarda de sus hijas menores y entregárselas a los supuestos abuelos paternos”.
Las sospechas recayeron primero en Laurindo y Ferreyra, amigos de María en una escuela nocturna y luego se inició el proceso contra la mujer. Los hombres están detenidos, bajo prisión preventiva, hace cinco años en la Unidad Penal III de Eldorado.
Distintas organizaciones de derechos humanos y feministas sostienen que desde la Justicia de Misiones se busca “estigmatizar” a María y presentarla como “una mala madre que omitió evitar los abusos” que sufrieron una hija y una nieta entre 2013 y 2015, cuando se inició el proceso judicial.
Desde el comienzo, la defensa cuestionó el proceso y sostuvo que se trata de una persecución del Poder Judicial que se inició apenas se planteó una demanda civil por los meses que María pasó presa injustamente en 2012 por la muerte de su hija. En aquella oportunidad, Ovando estuvo imputada por el delito de abandono de persona calificado por el vínculo de su hija Carolina, de tres años, quien murió en los brazos de María mientras la llevaba al hospital. Según se supo, por temor, la mujer ocultó su cuerpo en un monte de la zona. Cuando apareció el cadáver, la mujer fue detenida y procesada.
Finalmente fue absuelta.
Pero ahora la historia cambió radicalmente, aún cuando el reclamo es el mismo. Organizaciones de derechos humanos y feministas sostienen que María es víctima de una justicia patriarcal y sin perspectiva de género. De hecho, hace un mes el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género y referentes del feminismo pidieron la recusación del fiscal Federico Rodríguez por “hostigamiento y estigmatización” hacia la acusada.
A través de una petición en Change.org, se pidió al Tribunal, el apartamiento del fiscal Rodríguez porque “María es víctima nuevamente de una causa armada”. En la petición se denuncia que el caso de María Ovando es “de los casos más emblemáticos de la desidia y misoginia del Poder Judicial misionero”.
“María fue absuelta en noviembre del 2012, tras una campaña nacional del movimiento de mujeres que visibilizó la trama de criminalización de mujeres del gobierno de la provincia de Misiones”, indicaron en la petición, e afirmaron que “su absolución no significó el cese de la persecución, el hostigamiento y la revictimización de parte del Poder Judicial”.
“Hoy María es víctima nuevamente de una causa armada. Esta vez la responsabilizan de no haber evitado los abusos sexuales de una hija y una nieta. Construyeron una acusación que pretenden sostener con el testimonio de las niñas en una Cámara Gessel donde claramente se las revictimizó y se las manipuló en la búsqueda de incriminar a María”, denunciaron. Es que según consta en la causa, la nenas declararon que fueron abusadas.
Los abogados de María, aseguraron también que tanto Laurindo como Ferreyra debieron ser juzgados a través del régimen penal juvenil porque eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos. Los ataques sexuales comenzaron cuando ambos eran adolescentes y terminaron cuando ya habían cumplido 18 años.
En el medio, el debate fue suspendido en septiembre tras la inhibición del presidente del Tribunal Oral Penal 1 de Misiones, que consideró que “la vaguedad de la acusación no le permite determinar qué debe juzgar”, por lo que el proceso penal se pospuso hasta mediados comienzos de este mes.
Antes de entrar hoy a la lectura del fallo, los abogados adelantaron -previendo lo que finalmente pasó- que van a apelar la decisión porque saben que el “hostigamiento contra María no se detiene acá”.