La Justicia bloqueó varios pedidos para que se otorgue la prisión domiciliaria a personas que cometieron delitos federales. Se trata de acusados y condenados en causas vinculadas al narcotráfico y secuestros extorsivos. Dos de ellos padecen cuadros preexistentes, como “asma severa crónica” y diabetes, mientras que otros están involucrados en expedientes judiciales de alto impacto, como el caso de las valijas de cocaína en la Embajada Rusa.
Para denegar los recursos presentados, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal consideró la naturaleza y la gravedad de los delitos que se le atribuyen a los imputados, y el estado procesal de las causas.
En uno de los fallos, los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo confirmaron el rechazo de la prisión domiciliaria solicitada en favor de Luis Federico Donayre Santa Cruz, considerado como uno de los miembros de la banda liderada por Marco Estrada González, que se dedicaba a la venta de marihuana, paco y cocaína en la villa 1-11-14.
Los camaristas declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Luis Donayre, contra la resolución que había tomado el Tribunal Oral Federal 3, en donde los jueces Fernando Machado Pelloni y Andrés Basso no hacían lugar al pedido y su colega Javier Ríos se inclinaba a favor del recurso. En los escritos, se consideró que los planteos para favorecer al acusado carecían de aptitud para demostrar la existencia de una cuestión federal o un supuesto de arbitrariedad.
Santa Cruz tiene 72 años de edad, presenta un cuadro de diabetes tipo II y fue incluido en el listado de internos enmarcados en la población “de riesgo” elaborado por el Servicio Penitenciario Federal. A pesar de ello, la Sala IV rechazó el pedido de prisión domiciliaria, pero instruyó que por su condición de salud se extremen los recaudos para la prevención sanitaria e higiene.
La causa que involucra a Santa Cruz se encuentra en etapa de juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires. En el proceso se determinarán las responsabilidades penales de más de 40 personas que integraron la banda criminal en el barrio 1-11-14.
La misma suerte corrió la suegra de Marco Estrada González, Lily Lucila Enriquez Alarcón, quien se encuentra detenida en el marco de la misma causa y había pedido la prisión domiciliaria por estar dentro del grupo de riesgo del COVID-19 al tener 67 años y padecer de distintas afecciones, como “dolor de espalda y muela y problemas reumáticos”.
La defensa de la acusada, que está en la cárcel desde fines de junio del 2017, señaló que estas dolencias “no son tratadas en su lugar de alojamiento, ni recibe los medicamentos correspondientes” y que la mujer superó “el plazo razonable” para estar con prisión preventiva.
Tras analizar la situación, Casación decidió rechazar el recurso presentado por Enriquez Alarcón y ordenó, en cambio, “extremar las medidas de prevención, salud e higiene” en la Unidad Carcelaria en la que se encuentra alojada.