Ambas presentaciones se realizaron este lunes. El informe se fundó en las mayores demandas que recibió la institución posadeña durante el 2020. En cuanto al encuentro con las demás Defensorías se unificaron criterios de actuación, con base en los controles y el desarrollo sostenible.
En su discurso, el ombudsman de la capital provincial, Alberto Penayo, indicó que en el balance del año con las demás entidades nacionales de la región “los objetivos trazados fueron claros”, y que en mayor medida tuvieron que ver con demandas de redes de agua potable, saneamientos y regularización dominial, entre otros aspectos. “Son puntos en los que debemos apuntar y observar para que se vayan cumpliendo”, aseguró.
También, añadió que se unificó criterios con las defensorías de Oberá y San Vicente, para evaluar las coincidencias y desigualdades. “Este informe se elevará al Gobernador y a cada autoridad municipal competente. La idea es poner en prioridad y valor aquellas cuestiones que consideran los vecinos de cada lugar”, aseguró Penayo.
Siguiendo con la reunión mantenida con sus pares del NEA y NOA, sostuvo que en las regiones “hay coincidencias aceptables, como la de ser provincias electrodependientes y que no contamos con red de gas. Otra es la asimetría que se da en términos de federalismo que para nosotros es un deseo, y que por eso tuvimos mucha algarabía, cuando el Congreso votó a favor del Artículo 123, que lamentablemente ha sido vetado, pero que sin duda abre un debate muy fuerte. Los defensores del Pueblo vamos a insistir en un federalismo real, no solo discursivo para las campañas políticas”, aseveró.
Agua potable
Penayo ratificó su preocupación con respecto a la no llegada de red de agua potable a diferentes sectores de Posadas. “Solo el 60% de los ciudadanos locales pueden acceder a ella, y si nos remitimos al contrato de concesión –que se fijó en el ’99-, no se están cumpliendo los objetivo y metas que figuran en él”, alertó.
Advirtió que está situación primero compete a lo nacional, segundo provincial y tercero al municipal. “Es un trabajo que hay que hacerlo de manera coordinada. Seguramente dentro de 8 ó 9 años, Samsa, la empresa prestataria del servicio va a querer la continuidad. Entonces es vital comenzar a exigir ahora el cumplimiento de las obras de expansión de redes de agua y cloacas”, pidió el defensor capitalino.
“Samsa no dio respuestas a la mayoría de las demandas en un período de la pandemia. En esto tengo que destacar el rol del EPRAC que resolvió la mayoría de nuestros planteos. La empresa debe saber que hay un derecho internacional, no se le puede dejar sin agua a nadie”, criticó el funcionario.
Adultos mayores y residencias
Según Penayo, para la Defensoría estas situaciones “han sido un norte necesario”, teniendo en cuenta el tiempo que duró el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Tenía que ver con preservar la salud de estos grupos etarios que todos conocemos. Nos abocamos a esta labor de manera mancomunada con el municipio, la provincia, Salud Pública y Desarrollo Social”, aseguró.
“Entendimos desde un principio la dificultad de abocarnos a resolver las problemáticas de estas residencias de larga estadía. Hay irregularidades que no son del momento, sino históricas y es por eso que hay que regularizarlos”, aseveró.
Indicó que estas instituciones tienen responsabilidades que deben cumplir “porque más allá de brindar un servicio a los adultos mayores, es un negocio. El Gobierno no puede subsidiarlo”.
Para cerrar, remarcó que “en un año de pandemia todas las mínimas soluciones son positivas. Hemos asistido y estado con la gente”.
