La Corte Suprema de Justicia cerrará el 2018 en medio de un clima interno marcado por el malestar y la desconfianza. Uno de los motivos de descontento es por una especie de “ola amarilla” que está llegando al cuarto piso del Palacio de la calle Talcahuano de la mano del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, con nombramientos de funcionarios ligados al Poder Ejecutivo. Ya había generado controversia la designación de Juan Pablo Lahitou, mano derecha de Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro. Ahora, Rosenkrantz nombró en su vocalía a Mariano Braccia, un alto funcionario de la AFIP que renunció en el organismo recaudador para asumir en la Corte. Este abogado tributarista se hará cargo de las causas relacionadas con impuestos, todos expedientes de una alta sensibilidad.
Braccia, que hasta hace días asesoró a la AFIP en litigios con contribuyentes, ahora es colocado del otro lado del mostrador por el presidente de la Corte. Es de esperar una avalancha de recusaciones de aquellos que tengan tramitando sus causas por controversias tributarias. Al parecer, existe cierta premura porque el nuevo funcionario se incorpore ya que el propio Rosenkrantz habría llamado para solicitar un tratamiento exprés de los exámenes preocupacionales a los que debe ser sometido Braccia. Es así que un trámite que habitualmente lleva un mes se concretó en 48 horas para permitir que Braccia comience sus tareas el próximo lunes.
Pero no es el único nombramiento: la semana que pasó, el presidente del máximo tribunal contrató para su vocalía a Agustín María Casares, quien hasta ahora se desempeñaba en el Consejo de la Magistratura, adonde llegó de la mano de Agustín Cinto, el joven contador que fue administrador del organismo encargado de elegir y sancionar a los jueces. Es decir, ambos con un inocultable linaje PRO.
Otro tema que genera malestar interno son las filtraciones al Poder Ejecutivo de información sobre temas tratados por los letrados de las distintas vocalías. Según pudo saber Infobae, días pasados se reunieron los abogados que asesoran a los ministros en temas de seguridad social para analizar el caso Blanco y menos de una hora después de finalizado el encuentro funcionarios del Ejecutivo llamaron a los jueces con datos concretos de lo ocurrido en esa reunión. Es más, después de ese encuentro el director ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso, estuvo en la Corte para hablar sobre el caso Blanco. En esa ocasión llamó la atención de los ministros que el funcionario manejaba información que se había tratado en la reunión de letrados.
Esta sumatoria de hechos convirtió a la Corte en un espacio donde reina la desconfianza, a punto tal que ya no se sabe internamente qué va a votar cada ministro, algo que antes ocurría. En el pasado, los jueces adelantaban antes de la reunión de acuerdos el sentido de su voto, y cuando se reunían firmaban el fallo. Ahora, eso cambió. Como se empezaron a dar cuenta que la información se filtraba al Ejecutivo, en los últimos acuerdos los ministros ya no anticiparon internamente su voto, algo inédito en la historia del tribunal. Vale recordar que el caso Blanco, en el que se reclama la aplicación de un índice distinto al elaborado por el Gobierno para el cálculo de los haberes jubilatorios, ya tendría los votos favorables de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
Por otra parte, el aumento salarial ya acordado para los empleados judiciales se convirtió ahora también en un tema que causa descontento. Los ministros redactaron y firmaron una nota de respuesta a Marcos Peña, reclamando el incremento del 10% acordado para el mes de diciembre, pero Rosenkrantz aún no se la envió al jefe de Gabinete. También está generando rispidez que el presidente de la Corte no haya resuelto cómo se va reglamentar el pago de ganancias por parte de los jueces, mientras a algunos magistrados ya le están llegando intimaciones para que abonen el tributo, reclamo que en algunos casos alcanza el millón de pesos.
Por otra parte, la semana pasada uno de los ministros le manifestó su queja a Rosenkrantz por haber demorado la difusión del fallo sobre la constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz.
A esta seguidilla de hechos que han profundizado el malestar, se suma la intención del presidente del tribunal de que su voto sea calificado y valga más que el del resto de los ministros al momento de dirimir algunas cuestiones internas de organización.
Por primera vez en 12 años no se realizará la tradicional fiesta de fin de año en la que participaban empleados, funcionarios y ministros. Era una oportunidad en la que -sin jerarquías de por medio- jueces y trabajadores del Palacio de Justicia despedían el año entre baile, sorteos y brindis. Según lo que pudo reconstruir Infobae, en el último acuerdo de la Corte, cuando el presidente propuso hacer el festejo de fin de año, uno de los ministros le salió al cruce y dijo: “¿Fiesta? ¿Qué fiesta? Este año no hay ánimo para fiestas”.
Otra muestra del clima interno de malestar es el apelativo que utilizan quienes transitan por el cuarto piso del Palacio de Justicia para referirse a la vocalía del presidente del tribunal. La llaman la “suite Rosenkrantz” por los cambios estéticos que ha impuesto el ministro. Cuentan que desde que llegó hace poner todos los días jarrones con flores frescas. Esos arreglos florales serían financiados con fondos de la Corte. Tiene un salón comedor propio, alfombras en todas las oficinas y pinturas de grandes dimensiones adornan las paredes de la vocalía del presidente del máximo tribunal. Un notorio cambio si se compara con la otrora austeridad cortesana.