Reducción de las jornadas de trabajo de 8 a 6 o a 4 horas en industrias en crisis, promover un fondo de cese laboral en actividades temporales para sustituir la indemnización y habilitar cada vez más acuerdos por productividad son apenas tres ejes de la reforma laboral que el Gobierno impulsa por ahora en forma reservada con el aval de sindicatos y empresas.
Para la Casa Rosada, los retoques de los convenios colectivos de algunas actividades resultan un atajo ante el rechazo del Congreso a debatir los proyectos de reforma laboral que envió en 2017 y 2018. Este año, el oficialismo lo intentará por tercera vez, aunque con una iniciativa más acotada, con la inclusión únicamente del tramo sobre blanqueo de trabajadores, que prevé eximir del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus empleados.
En 2018, hubo 13 empresas que activaron un esquema de reducción horaria y de suspensiones de hasta 10 días por mes, según precisó Antonio Caló, jefe del gremio metalúrgico. Se trata en su mayoría de empresas autopartistas o vinculadas a la construcción, según un relevamiento interno del sindicato.
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, siguió de cerca el proceso de la UOM y validó la maniobra como una salida para evitar despidos masivos.
Un dato: Sica fue asesor del gremio metalúrgico durante más de diez años y conserva una aceitada relación con Caló, aunque, sobre todo, con Francisco “Barba” Gutiérrez.
Sica pretende ampliar el caso de la UOM a otros sectores en los que se acumulen suspensiones y haya personal inactivo. Lo explorarían con los mecánicos de Smata y buscarían incorporar a la industria textil.
El funcionario también desea replicar el fondo de cese laboral que se aplica en el ámbito de la construcción. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.
En el caso de la Uocra, que es el modelo que elogian diferentes voces del Gobierno, se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 por ciento del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado.
Fuente: La Nación