La Secretaría General de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar fue creada por ley en el año 2009. Desde ese año busca garantizar y facilitar a las personas, a través de los diversos canales existentes en el Poder Judicial provincial, el acceso a la Justicia.
Desde esta óptica, Fabián Oudín, secretario de la entidad se refirió al rol del órgano y cómo es la labor en el territorio misionero. Fue en otra entrega de Códigos en la Tele, “Desde Adentro”.
“En el camino que venimos desarrollando en esta dependencia es importante la información que le brindamos a la comunidad, no solo para que conozcan sus derechos, sino también sus obligaciones. Nuestra meta es posibilitar la solución cualquier conflicto”, sostuvo el funcionario en el comienzo de la nota.
Remarcó que el acceso a la Justicia “es un derecho humano fundamental” y que en este sentido “articular acciones con el Ministerio, en cabeza de su titular, Graciela Leyes, con quien trabajamos de forma diaria es muy satisfactorio. En cada causa tratamos de actuar siempre de forma inmediata, como lo exige nuestra ley”, aseguró.
Oudín detalló que la entidad judicial cuenta con una Dirección Técnica Interdisciplinaria que está especialmente abocada a la asistencia a víctimas y testigo del delito; además de otro equipo que elaboran los informes de riesgos ante denuncias de violencia familiar y de género.
Subrayó que en los municipios los nexos centrales para la llegada de la Secretaría son los juzgados de paz. “En el 2014, con una ley que amplía la estructura de Acceso a la Justicia se crean oficinas en las diferentes circunscripciones. Eldorado, Oberá y Puerto Rico ya cuenta con las suyas”, resaltó.
Ley Micaela
La norma establece la sensibilización y capacitación de las personas que hacen parte del Estado en temas de género y violencia contra las mujeres. En este aspecto Oudín relató que “hace un tiempo hemos comenzado a trabajar con la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez, para dar cumplimiento a las normativas que impone que todos los funcionarios y operadores de los tres poderes del Estado sean capacitados. Todos deben saber qué hacer frente a un caso de violencia”, aseveró.
“Muchas veces las decisiones que se toman en los organismos vulneran aún más los derechos de las mujeres y ese sentido la provincia posee como política pública, prevenirlo y erradicarlo”, aseguró.
Dijo que esta realidad “es un flagelo de difícil lucha, pero hay que destacar la articulación entre los tres poderes del Estados para hacerle frente a esta problemática. La mayoría de las denuncias que recibimos actualmente son de violencia familiar”.
En el final de la charla televisiva, indicó que “la intención de la Justicia es siempre integrar a las familias y no apartarlas cuando existen conflictos. Aquí entran terapias psicológicas y fuerte labor de los equipos interdisciplinarios para que puedan reencausar sus vidas”. Aclaró que estás instancias de revinculación “se hacen bajo estrictos análisis y cuidados”.
