El viernes por la tarde, el presidente Alberto Fernández recibió a sindicatos y empresas y el Estado, los gremios y las cámaras sectoriales firmaron el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad. El documento, un puntapié inicial para el Consejo Económico y Social, reconoce en un párrafo el “efecto devastador de la inflación sobre el salario, la inversión productiva y, en general, la tranquilidad de nuestros hogares”. Más allá de las declaraciones, las reuniones sirvieron para que las partes avanzaran en el ya anunciado aumento salarial por decreto, que alcanzará a todos los trabajadores registrados del sector privado y, probablemente, se replicará en el sector público.
Las negociaciones son constantes y fuentes oficiales indicaron que la cartera de Claudio Moroni evalúa las propuestas que aceraron las partes. “Se ve cuál es la mejor manera de otorgar el aumento y marcar un piso”, afirmaron.
Según gremios y representantes de las cámaras empresarias, el aumento será una suma fija de entre 6000 y 9000 pesos. El monto final está en discusión.
También falta definir si el incremento será de una vez o en dos o tres pagos. Así, los empresarios plantearon que podrían hacer frente a esos aumentos en hasta tres veces: enero, febrero y marzo.
La tercera cuestión por concretarse es la remuneratividad. El Ministerio de Trabajo de Claudio Moroni trabaja con la premisa de que la suba salarial sea remunerativa, es decir, que pague impuestos y aportes. Los empresarios pidieron que solo se consideren los aportes para obras sociales y jubilaciones y no la parte impositiva.
Los incrementos serán a cuenta de las paritarias 2020. Servirán, explicaron fuentes oficiales, para ponerle piso a las negociaciones salariales. Eso permitirá darle aire a los trabajadores de los sectores que quedaron más rezagados con las paritarias de los últimos años. Según el Observatorio de Derecho Social de la CTA, los gremios que más poder adquisitivo perdieron en estos cuatro años fueron los textiles (-38,7%), los trabajadores de prensa (-35,9%) y los estatales nacionales (-35%). Otros gremios con más poder de negociación, como los aceiteros y bancarios, salieron hechos.
Según datos del Ministerio de Trabajo, la remuneración real de los asalariados registrados del sector privado perdió, entre octubre de 2015 y octubre de 2019, 12 puntos de poder de compra.
La suma fija, entonces, tendría más impacto en los sectores que más poder adquisitivo resignaron en el último tiempo. Según estadísticas de Trabajo, la remuneración promedio de los trabajadores privados registrados alcanzaba los $47.571 brutos en septiembre. Así, una suba de $9000 sobre ese salario neto (unos $39.500) implicaría una mejora de casi 23 por ciento.
El Gobierno también debe definir si replicará el aumento de suma fija a los trabajadores del sector público, tanto a nivel nacional como en los estados subnacionales, o si dejará a voluntad de cada gobernador e intendente la potestad de otorgar el incremento. La ley de solidaridad social y reactivación productiva, o de emergencia, solo faculta al Ejecutivo a definir “incrementos salariales mínimos” a trabajadores del sector privado.
Fuente: TN