Buscan establecer el congelamiento de las facturas por consenso con las empresas del sector o mediante la sanción de un proyecto de ley del Congreso.
El igual que las facturas de la luz y el gas y de lo que probablemente también terminen sucediendo con los combustibles, el Gobierno busca variantes para congelar las facturas de los servicios de telecomunicaciones.
Es decir de la telefonía móvil y fija, de internet y de las operadoras de televisión por cable y satelital por lo menos hasta fin de año y con los valores fijados al 1 de marzo pasado. Para alcanzar este objetivo, las autoridades abrieron dos caminos. Por un lado, se entablaron negociaciones entre las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con las empresas proveedoras de estos servicios. Por el otro, se impulsa la pata parlamentaria a partir de 50 diputados del Frente de Todos que busca congelar los precios mediante la sanción de una ley para que sea el Congreso el que regule las tarifas que mensualmente emiten a sus clientes empresas como Movistar, Telecom, Claro, Cablevisión, Telecentro o DirecTV.
En el caso del organismo que preside Claudio Ambrosini, el objetivo es convencer a las operadoras de la necesidad de mantener los precios por los próximos 180 días.
En el organismo entendien el esfuerzo que ya viene realizando el sector para colaborar con la crisis por la que atraviesa casi todo el país en el marco de la lucha contra el coronavirus con iniciativas como las de decretar la gratuidad de los contenidos sanitarios y educativos y la retracción de algunos precios de sus servicios.
De hecho, durante esta jornada de lunes 4 de mayo, el propio Ambrosini mantuvo varias videoconferencias con representantes de las organizaciones de consumidores y con referentes del interior para avanzar en un acuerdo global.
La idea es garantizar la prestación de los servicios y el congelamiento tarifario de manera consensuada para atender la situación de los usuarios en relación al aislamiento obligatorio por el Covid-19.
En las reuniones virtuales, Ambrosini, junto al vicepresidente del Enacom, Gustavo López, debatieron la posibilidad de establecer normas de excepción que contemplen la situación económica de gran parte de la ciudadanía producto de la cuarentena vigente.
Pero como el ente no tiene poder de regulación como ocurre en el caso de las distribuidoras de electricidad o gas, las conversaciones se orientan hacia una especie de acuerdo con las prestadoras de estos servicios que perdure hasta diciembre próximo.
Al respecto, el propio Ambrosini reconoció estar trabajando sobre un acuerdo para que durante la pandemia no haya ningún tipo de aumento que sería articulado con las llamadas telcos “para dar una certeza absoluta respecto al tema y que la tarea realizada no haya sido en vano”.
El funcionario se comprometió a dar una respuesta sobre el acuerdo con las telefónicas para que todos los actores involucrados estén al tanto de los avances en los próximos días.
A la vez, fuentes del mercado confirmaron que Ambrosini también mantendrá reuniones con algunos legisladores que impulsan que el congelamiento no sea de hecho sino a partir de una ley sancionada por el Congreso.
Se trata de un proyecto de ley que impulsa la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, que tiene el aval de otros 50 legisladores del Frente de Todos y que podría ser tratado en las próximas sesiones de la Cámara baja.
El objetivo es el mismo: retrotraer los precios de los abonos al 1 de marzo y establecer un congelamiento también de 180 días. La diferencia es que el oficialismo parlamentario busca refrendarlo mediante una ley y no a partir de la buena voluntad de las empresas operadoras.
Además de Vallejos, el proyecto es acompañado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller; el titular del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja; el referente del radicalismo, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, titular de la CTA.
En el caso de los referentes parlamentarios del oficialismo son menos proclives a negociar con las empresas del sector, al evidenciar cierta preocupación y malestar por la decisión de algunas empresas de servicios públicos de aumentar las tarifas a pesar del escenario de crisis actual.
En este sentido, el proyecto de ley propone suspender “cualquier tipo de modificación en los precios y tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico y satelital con cobro a usuarios, a partir del 1° de marzo y durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio’”.
Según sus autores, la iniciativa se encuentra en sintonía con la presentación de las 22 asociaciones de defensa de consumidores con las que Ambrosini mantuvo la videoconferencia durante esta jornada y que esta semana denunciaron fuertes subas en los abaonos de TV por cable, internet y telefonía celular.
El proyecto de Vallejos también busca comulgar con el paquete de medidas que decidió el gobierno nacional para aliviar la delicada situación económica del país, particularmente las que atraviesan los trabajadores formales e informales, los beneficiarios de planes sociales, los monotributistas, los gremios, las cooperativas y la pequeña y mediana industria, entre otros sectores.
En este marco, el titular de la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano mantuvo una reunión por teleconferencia con Vallejos y reveló que las compañías comenzaron a enviar a los clientes, desde marzo pasado, facturas con incrementos de hasta el 30% y múltiples amenazas de cortes en el servicio.
Según voceros de la diputada Vallejos, los aumentos se concretaron a pesar de que los decretos 311/2020 y 426/2020 del Poder Ejecutivo Nacional declararon a los servicios de telecomunicaciones, Internet fija y móvil y digitales como “esenciales en la emergencia”, prohibiendo taxativamente el corte o suspensión en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternativas por el plazo de 180 días para un conjunto de determinados usuarios.
En sus considerando, el proyecto de ley considera que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, “ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados y restringiendo decisiones de ajuste tarifario en plena pandemia”.
En este sentido, el diputado Heller señaló que “resulta absolutamente abusivo e injustificado que en momentos en que las tarifas de servicios públicos están congeladas, los salarios estancados o a la baja, los costos financieros reducidos, hay moratorias previsionales e impositivas y un tipo de cambio oficial totalmente controlado, estas empresas, que además tienen un alto grado de cautividad sobre sus clientes, aumenten los precios de insumos que ,en estas circunstancias, adquieren la condición de esenciales”.
En cuanto a las posturas de las empresas involucradas, desde el entorno de Vallejos aseguraron haber recibido un mail de Movistar en el que reconoce que hubo aumentos tarifarios pero sin precisar los porcentajes ni cómo impactó en los distintos planes de telefonía celular.
“En relación al aumento que impactó en el mes de marzo de 2020, cabe mencionar que se trata de cambios en las condiciones comerciales que Movistar notificó a sus clientes en noviembre de 2019, con entrada en vigencia a partir del 9 de diciembre de 2019”, se justificó la empresa en el escrito.
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