En dos meses de cuarentena, el gasto del Estado para paliar la caída de ingresos de la población, ayudar a pagar salarios y reforzar el sistema de salud, entre otras cuestiones, subió hasta 827.000 millones de pesos, según estimaciones de la consultora Analytica. Esa cantidad de dinero equivale a 3,3 por ciento del PBI.
El número final comprende el pago de dos tandas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), tal como fue anunciado, por un total de $179.260 millones. La cifra supone que 8,96 millones de personas recibirán dos pagos de $10.000, uno que termina de implementarse y otro que fue anunciado, pero todavía no se hizo oficial.
También abarca la ayuda estatal para pagar salarios del sector privado de abril y mayo, con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por un total de $176.700 millones. Según fuentes de la AFIP, el Estado abonó unos 2,2 millones de salarios de unas 280.000 empresas de abril. Hasta este miércoles, unas 250.000 empresas se habían anotado para volver a recibir el complemento en mayo. El fisco estimó que este mes el paliativo llegaría a 3 millones de personas.
Pagos extra a los titulares de la Tarjeta Alimentar suponen una erogación adicional de casi 42.800 millones de pesos. A eso se suman bonos a jubilados, titulares de AUH y personal de salud y las fuerzas de seguridad ($16.000 millones, en total).
Se suman además, refuerzos a distintos fondos de garantía con los que el Estado respalda los créditos a pymes (al 24%) y monotributistas y autónomos (a tasa 0%), por un total de $67.000 millones.
Los préstamos en sí, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, comprenden recursos por $350.000 millones (pymes) y casi 221.000 millones (independientes), pero que salen de los bancos y no aumentan el gasto público. Son, en total, $571.000 milllones más.
Otra importante ampliación presupuestaria fue la del plan de obra pública Argentina Hace, que movilizará más de $100.000 millones.
La movilización de recursos, entre las medidas que amplían el gasto público y los créditos que canalizan los bancos, supone un esfuerzo del 4,7 por ciento del PBI. Alrededor de 1,3 billones de pesos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La contracara de tamaña expansión del gasto público es la emisión monetaria. Con el mercado de deuda internacional cerrado y un segmento de emisiones en pesos que el Ministerio de Economía desarrolla de a poco, buena parte de ese dinero se financia con transferencias del Banco Central.
De todos modos, el director de Analytica, Ricardo Delgado, cree que la situación es manejable. “Si uno compara con Perú, que entre el mix de gasto y crédito puso 12 puntos del PBI, parece poco. Pero Perú también tuvo un ajuste violento en el mercado de trabajo. Creo que hay una racionalidad detrás, y es que la expansión fiscal tiene un costo monetario. Si no inyectan la misma cantidad de dinero que Perú, es porque no lo pueden financiar”, sostuvo.
Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, estimó que, entre salarios, jubilaciones, pensiones, AUH e ingresos extraordinarios, el Estado paga haberes o transfiere ingresos al 89% de la población, sin contar las asignaciones familiares. Según sus cálculos, los pagos llegan a 21 millones de personas. “Si contamos el hogar con al menos una de esas transferencias, llegamos a aproximadamente 40 millones de personas sobre 45 millones”, escribió en su cuenta de Twitter.
“Con el IFE llegás a sectores que antes no llegabas, a trabajadores desocupados o informales sin hijos que no accedían a la AUH. Del IFE, unos 6 millones son trabajadores que en muchos casos tenían cero ingresos antes del Covid”, explicó.
Fuente: TN