César Milani fue absuelto por unanimidad por delitos de torturas y secuestros y ordenaron que sea liberado de inmediato en la causa que investigó los apremios ilegales contra dos personas durante la última dictadura militar. El juicio por crímenes de lesa humanidad contra el ex jefe del Ejército durante el último gobierno de Cristina Kirchner, y otros imputados, se conoció hoy a las 16.25 en La Rioja con la lectura del veredicto.
Tras la jornada de alegatos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, integrado por Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl, leeyó el veredicto que declaró inocente a Milani y a otros de los imputados, mientra condenó al resto.
Antes de la lectura de la sentencia, Milani pronunció sus últimas palabras ante los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Enrique Lilljedahl, integrantes del Tribunal Oral Federal de La Rioja: “Simplemente voy a utilizar estas últimas palabras para reafirmar mi firme convicción de que con mi injusta y arbitraria detención y las falsas acusaciones que vengo sufriendo hace seis años, más que hacerme un daño a mí, se le ha infligido un castigo al Ejército argentino, privándolo de la posibilidad de una reconciliación definitiva con el pueblo del que se nutre”.
Milani sostuvo que “estoy tranquilo vistiendo con orgullo el uniforme de la Patria, seguro de que me asiste la verdad y la razón. Espero que a partir de hoy también la Justicia, con un veredicto de absolución que reivindique mi buen nombre y honor, así como el de mi familia, que ha sido siempre mi sostén. A pesar de todas las difamaciones, calumnias, injurias, de la injusta detención y proceso, el ataque sistemático de los poderes fácticos, estoy de pie, no me van a quebrar”
La causa investiga los secuestros y las torturas que sufrieron Pedro y Ramón Olivera en marzo de 1977, cuando el militar se desempeñaba como subteniente del Batallón 141 de La Rioja.
Por esos dos casos, Milani está acusado de la comisión de los delitos de “privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y asociación ilícita”, ante lo cual la querella que integran la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia pidió 18 años de prisión.