“Me parece fundamental que todos los Defensores y Defensoras del país, en ausencia de un Defensor de la Nación, podamos fijar una postura clara respaldando la reestructuración de la deuda externa; sin que ello afecte los más importante para el ciudadano argentino, que es la salud”, sostuvo Alberto Penayo, defensor del Pueblo de Posadas y miembro de la comisión directiva de ADPRA.
Y ratificó, “nuestra posición tiene que ver con dos cuestiones. Primero que no se violen los derechos humanos: porque si no accedemos a la posibilidad de preservar la vida de una persona a través de una decisión como la que ha tomado el gobierno argentino, estaríamos en contra de esos derechos. Y si, por el contrario, para pagar la deuda debemos someter a un pueblo, no podemos avalar este tipo de decisiones”.
El Defensor posadeño se manifestó respeto al comunicado nacional emitido por la Asociación de sus pares, quienes se mostraron a favor de la propuesta de Renegociación de Deuda Externa del presidente Alberto Fernández.
“Las Defensorías del Pueblo de la República Argentina, encargadas de velar por los derechos humanos de las argentinas y los argentinos, acompañamos y respaldamos la propuesta del Estado argentino, en la misión de reestructurar la deuda externa para que sea sostenible en el mediano y largo plazo, y cuya erogación no afecte los derechos humanos esenciales, permitiendo a su vez hacer frente la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia” dicta el documento.
Como ya lo anticipó Penayo, en el escrito figura un detalle no menor y es el referente al puesto vacante del Defensor del Pueblo de Nación y la necesidad de hacer valor los derechos humanos de los ciudadanos aún con ese vacío “ante la no designación del Defensor del Pueblo de la Nación, (…) ADPRA se ve obligada a alertar sobre el grave impacto que tendrá en los derechos humanos de las y los argentinos que no se modifiquen las condiciones de pago de la deuda externa, calificada por el Fondo Monetario Internacional como insostenible”. Sobre todo, si se tiene en cuenta que estamos bajo Emergencia Epidemiológica y Sanitaria a nivel país y mundo.
En ese contexto, las Defensorías se encuentran en la primera línea de atención de las necesidades de la población. “A las viejas deudas en materia de derechos humanos del Estado argentino, se suman hoy innumerables desafíos en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que se presentan ante los Gobiernos nacional y provinciales a causa de la pandemia declarada por el COVID-19”.
Es por ello que sostienen, “hacemos propias las enunciaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que resaltan la necesidad de paralizar, suspender o aliviar la deuda externa a fin de resguardar recursos que permitan el gasto público de emergencia prioritario en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos”.
Y finalmente llaman a los acreedores “bilaterales, multilaterales y privados de la República Argentina a hacer los esfuerzos necesarios y a negociar con buena fe y predisposición la oferta de reestructuración propuesta por el Estado Nacional”.