La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Pablo Noceti y otros funcionarios fueron imputados por el fiscal Franco Picardi en el marco de una investigación para determinar si actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro.
La causa fue iniciada tras la denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (“APDH”) en la que acusaron a distintos funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad de haber encabezado desde diciembre de 2015, un plan orquestado para accionar ilegalmente contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo del Estado con el fin amenazar para que no ejerzan su derecho a protestar y reclamar tierras y, de esta manera, favorecer negocios inmobiliarios.
Fuente: Diario Popular