La jueza del Supremo Tribunal Federal solicitó al presidente que dé explicaciones sobre el decreto, que podría declararse inconstitucional. Gobernadores de 14 estados pidieron su “inmediata revocación”.
El decreto del presidente Jair Bolsonaro que dos semanas atrás flexibilizó la portación de armas de fuego enfrenta cada vez más críticas y contestaciones de la Justicia, del Congreso y de los gobernadores estatales, sobre todo luego de que se reveló que la medida posibilitará que ciudadanos comunes compren fusiles de asalto como los que son utilizados comúnmente en las masacres escolares en Estados Unidos.
Firmado por el mandatario el 7 de mayo, el decreto permite que armas antes restringidas a policías y militares -como el rifle de combate T4, fabricado en Brasil por la empresa Taurus- ahora sean compradas y usadas por civiles que cumplan con los requisitos legales.
La resolución mantiene las condiciones establecidas en el Estatuto de Desarme (2003), que prevé que el interesado presente un certificado de ausencia de antecedentes penales, comprobantes de aptitud técnica y capacidad psicológica y un justificante de “efectiva necesidad” para el porte debido a su actividad profesional de riesgo a por amenaza a su integridad física. Pero amplió el número de categorías que ya tendrían esa “efectiva necesidad” para incluir a políticos con cargos electivos, abogados, residentes de áreas rurales, camioneros y hasta periodistas que cubran casos policiales.
La medida también aumentó la cantidad de municiones que puede ser adquirida por año, autorizó que menores de edad practiquen tiro deportivo sin necesidad de un aval judicial, y abrió el mercado nacional para la importación de armas.
Ya la semana pasada, el Ministerio Público Federal interpuso una acción ante la Justicia para suspender integralmente el decreto de Bolsonaro por considerar que excede su naturaleza reglamentaria y pone en riesgo la seguridad pública de todos los brasileños. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado emitieron dictámenes sobre el tema y apuntaron que el presidente habría extrapolado sus poderes al alterar una ley federal, que solo podría ser modificada por el Congreso.
Por su parte, la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber solicitó al presidente y a su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, que presenten hoy explicaciones sobre el decreto, que podría ser declarado inconstitucional. Y ayer, gobernadores de 14 estados y del Distrito Federal enviaron una carta al mandatario en la que pidieron su “inmediata revocación”.
“Juzgamos que las medidas previstas no contribuirán a hacer más seguros nuestros estados. Al contrario, tendrán un impacto negativo en la violencia, aumentando la cantidad de armas y municiones que podrán abastecer a criminales y los riesgos de que discusiones y peleas entre nuestros ciudadanos acaben en tragedias”, resaltó el documento dirigido al Palacio del Planalto.