Los centros de atención de larga estadía son entornos de alto riesgo para los desenlaces graves de los brotes de coronavirus, debido tanto a la edad avanzada como a las frecuentes condiciones de salud crónicas de los residentes. En Posadas, tras la propagación del virus a nivel mundial, se iniciaron una serie de controles para garantizar la salud de los adultos mayores.
En la capital misionera que, por suerte, aún mira de reojo la realidad global y posee un mínimo de casos como en todo el territorio provincial, se creó un observatorio para asegurar las condiciones sanitarias en estos centros.
La iniciativa, impulsada por la Defensoría del Pueblo, comandada por Alberto Penayo, logró consensos con otros organismos para la gestión de estas residencias.
Entre las medidas acordadas por las instituciones y organismos públicos también se destaca la solicitud que se elevó a la Cámara de Representantes de la provincia, para que se elabore una ley que permita la creación de un Juzgado del Adulto Mayor.
En las inspecciones, que pueden ser de rutina o motivadas por una denuncia, se evalúan y verifican las prestaciones sociales, sanitarias, de seguridad e higiene y funcionamiento de los establecimientos para personas mayores.
“En el ingreso de los hogares se pudo verificar que cuenten con lugares determinados para lavarse las manos, se toma la temperatura y se realiza la desinfección con alcohol”, subrayó Penayo a Códigos.
Además, se determinó a través de las encuestas, que el aislamiento está afectando mucho a los residentes, sobre todo por el alejamiento de sus familiares.
“Más allá de las denuncias, ya veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en esta temática, en materia de control y gestión a partir del 2018. Hay muchas situaciones que se deben regularizar, otras que se encuentran en proceso y en materia de actualización, pero en este momento -por lo que sucede en el mundo- nuestro enfoque y requerimiento es que cumplan con los protocolos sanitarios”, aseguró el ombudsman.
“En esto están trabajando Desarrollo Social, Salud Pública, el Municipio, Pami, IPS y la Defensoría. Nuestro rol es controlar y mirar que los organismos lleven a cabo sus objetivos para el cuidado de los adultos mayores”, advirtió.
Por otro lado, Penayo afirmó que se exige que todos los titulares o responsables de las residencias de larga estadía presenten una declaración jurada firmada por el médico a cargo, donde se especifique los cuidados de prevención que cada institución implementa para evitar la propagación del Covid-19.
La normativa comenzó a ser instrumentada hace unas semanas. “Esto nos da una certeza de que la responsabilidad que demanda el Estado se está cumpliendo”, resaltó.
“No dirimimos la habilitación de los mismos, sino que se cumplan las normas de garantías para dar seguridad a los adultos mayores en estas circunstancias. Sabemos que el 60% de los fallecidos en Argentina por coronavirus corresponden a esta franja etaria y eso queremos prevenir”, expresó.
Agua potable y cloacas
Sobre esto, el Defensor del Pueblo capitalino, agregó que es un tema recurrente en la ciudad. “Tenemos que entender que nuestra fuerza está puesta en tratar que toda la prioridad en materia de agenda del Gobierno provincial y municipal se centre en la urbanización. Primero de los asentamientos y que todas las redes de agua potable sean conectadas de acuerdo a los contratos de concesión”, sostuvo.
En esa línea apuntó a la prestataria del servicio y dijo que “Posadas debería tener hoy un 95% de conexión con respecto a la instalación de red de agua potable y un 78% en materia cloacal. Nos dirán que la gente no posee los recursos, pero es el Estado quien debe garantizarlos. Y en este sentido apuntamos a que la agenda del gobierno nacional, provincial y local trabajen en base a estas problemáticas”, puntualizó.
Controles de precios
En cuanto a ello remarcó Penayo que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Acción Cooperativa “donde desde la Defensoría elevamos los reclamos que nos llegan con imágenes y datos precisos, y se les remite y solicita la intervención”.
Por último, Alberto Penayo detalló que la Defensoría recibe reclamos en su sede ubicada en calle Sarmiento 1979, casi San Lorenzo. Además, vía telefónica al WhatsApp: (0376) 154721000. También al 0800-555-1050 o al 4433241.
Podés leer la entrega completa de julio en su versión online en: 📖 ISSUU / Revista Códigos – Julio 2020