Alberto Penayo es el nuevo Defensor del Pueblo de Posadas, un dirigente con mucha experiencia en terreno que asume el cargo tras la licencia médica de Alejandro Cohen.
Ya en el inicio de la función planteó su línea de trabajo: “Habrá un claro compromiso de la Defensoría con la sociedad”, remarca el funcionario en una entrevista con Revista Códigos.
“La expectativa la fijé en campaña en 2015, cuando afirmaba que siempre se discute el límite de hasta dónde podemos intervenir, cuál es nuestro nivel de injerencia, y creo que desde el punto jurídico las limitaciones son muy pocas porque este es un órgano de contralor, no de sanción”, explica en primera instancia.
Penayo habla en principio de cuestiones básicamente ligadas al municipio, tanto del Ejecutivo como del deliberativo. “Nosotros podemos observar, corregir y prevenir ciertas cuestiones de ordenanza, además de controlar su aplicación”, resume, pero aclara que esa definición no conduce a la confrontación, por el contrario, asegura que cree en el diálogo, “una herramienta novedosa y fundamental”.
“Venimos a jugar -prosigue- un papel sin la limitación que puede haber, por ejemplo, entre la incumbencia municipal y provincial”.
“Yo, como defensor -asegura- del pueblo, debería en principio trabajar solo en lo municipal y no es así. Un reclamo puede ser en parte responsabilidad de la gente si no cuida, pero también de la provincia y hasta de la Nación quizás, como en el caso de la necesidad de una obra hídrica que un municipio no puede hacer solo, pero nosotros podemos aportar en la búsqueda de financiamiento para concretar una solución”.
Para Penayo, lo importante es que “la Defensoría debe mediar los mecanismos para el beneficio de los posadeños”, sintetiza.
“Vamos a acompañar al vecino”
A modo de ejemplo, el Defensor del Pueblo recuerda un par de casos en su corta gestión en el organismo. “Me tocó destrabar un conflicto en la chacra 239 por la canalización del arroyo ‘La Chancha’, zona en la que los vecinos eran afectados por la inundación del lugar cada vez que llovía fuerte. Se necesitaba una obra de canalización de casi 400 metros que no se iba a poder realizar de la noche a la mañana, así que hicimos un acta acuerdo en la cual establecimos que nadie puede obviar ni la parte institucional ni las necesidades de los vecinos”.
“Lo mismo hicimos en la chacra 146, en Villa Cabello, con los vecinos que están asentados sobre la avenida. Esa zona debe ser despejada, así que discutimos una relocalización, pero en este caso no se puede hacer mucho más. La idea es reunir a la gente con las instituciones para acordar alguna solución y nosotros vamos a acompañar al vecino, le vamos a facilitar el camino, y a representarlo frente a nuestras propias instituciones”.
Citó además el conflicto reciente en torno a la discusión salarial que conllevó que no se recolectaran los residuos urbanos. “La Defensoría intervino desde el punto de vista institucional e instamos al Intendente a que trate de solucionar el problema. Sabemos que el reclamo puede ser válido, pero el posadeño estaba afectado por la situación y actuamos”.
Descentralización
En cuanto al funcionamiento cotidiano de la Defensoría del Pueblo, Penayo explicó que sustentarán la gestión en dos planos: “la acción social y la parte jurídica”. En torno a esos objetivos, añade que para el desempeño del organismo “contamos con un presupuesto que se corresponde con una Defensoría centralizada, pero vamos a trabajar para descentralizarla. Para eso vamos a trabajar en conjunto con las delegaciones y en la primera reunión todos estuvieron de acuerdo, por lo que ya se propuso un esquema territorial”.
Pero esta nueva modalidad requiere de más fondos porque los actuales se destinan en gran medida a gastos de personal. “Este año fue poco más de 9 millones de pesos, pero ese monto es para una organización que trabaja sin salida a territorio. Ahora la vida institucional de la Defensoría se va a basar en campo, así que es muy probable que para el año que viene tengamos que pedir una ampliación”, reconoce.
EL cementerio La Piedad
El último punto de la charla estuvo dedicado al conflicto en torno a las exhumaciones en el cementerio “La Piedad”, que algunos vecinos resisten llevar a la práctica. Este tema Penayo lo conoce en profundidad porque su anterior cargo fue el de administrador de ese predio.
“Las exhumaciones son producto de una ordenanza del año 1982 que se configura en el 2015 a partir del Digesto Municipal, y lo cierto es que en este cuerpo se filtró una ordenanza con características no viables para una sociedad democrática”, aclarando que “los mismos concejales que cuestionaron la ordenanza en el 2015 estaban y convengamos que no se cambió”.
Relata que a inicios de la década de 1980 “se produjo el verdadero colapso y durante estos años se mantuvo el mismo esquema: obligatoriamente, cumplidos los cinco años del entierro los cuerpos que mantienen el canon municipal al día pasan a nicho o urna, y aquellos que registran deuda van a osario y luego fosa común. Ahora eso no se cumple, y se instaló un concepto de eternidad y eso trae grandes problemas a la gestión actual y a las futuras”, y subraya que de no mediar una solución “se va a tener que hacer un cementerio nuevo cada 5 años”.
Entiende que este tema es muy complejo y sostiene que no hubo suficiente trabajo con los concejales. “Sabemos -afirma al finalizar- que el reclamo es válido, y que si lo hace una persona lo pueden hacer treinta, pero hay una franja importante de la sociedad que hizo el traslado de los cuerpos y eso no se tuvo en cuenta”.
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